Una positiva evaluación tuvo el estampe masivo de pasaportes que organizó la Gobernación de El Loa, pues permitió que cerca de 240 migrantes pudieran ser atendidos por Extranjería, Policía de Investigaciones y el Registro Civil e Identificación, regularizando su situación en nuestro país en un par de horas.

La Gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia, agradeció la colaboración de los funcionarios de cada uno de los servicios involucrados y enfatizó que “sacamos a los servicios para prestar una atención que para ellos es muy importante. Tener su pasaporte visado es relevante para su trabajo o cualquier actividad que quieran realizar en nuestro país”.

En tanto, lamentó que otros migrantes llegaran buscando una solución distinta a la que se estaba ofreciendo, recalcando que fueron claros los objetivos de este estampe masivo. “Los que vinieron por otro trámite no pudieron ser atendidos porque no estábamos preparados para eso”, dijo Jopia.

Del total de participantes 45 correspondían al proceso de regularización extraordinaria que comenzó en abril del año pasado, lo que genera que hasta la fecha sean mil 40 las personas que han obtenido su visa temporaria de oportunidades, de un total de cuatro mil doscientas que se inscribieron.

“Cuando comenzó este proceso mucha gente tenía desconfianza y eso hizo que los datos que entregaran no fueran siempre fidedignos, por lo tanto, ha costado acceder a estas personas para comunicarles si han sido o no favorecidos. El llamado es a que se acerquen, en cualquier parte que estén para informales como corresponde”, agregó la gobernadora.

En este contexto, el plazo para acceder a esta visa vence el próximo 22 de julio, día en que se cumple un año del término del proceso de inscripción que se realizó el año pasado e implicó que desde 23 de abril y por 30 días pudieran sumarse aquellos migrantes que ingresaron por pasos no habilitados o clandestinos y por 90 días en los casos que tuviesen el permiso vencido, la visación de residencia vencida, el turismo vigente al 8 de abril de 2018, con solicitud de residencia o reconsideración en trámite y realizando actividades remuneradas sin autorización.

“Todos ellos debieron dar sus datos personales y a través de mensaje de texto, correo electrónico y carta certificada se les informó si podían ser beneficiarios y también si no lo eran. En este último caso se da con aquellos que tienen antecedentes penales, quienes tienen la obligación de salir del país en el plazo que se les dio o de lo contrario serán expulsados”, explicó María Bernarda Jopia.